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Caso Banco Anglo Costarricense

Los manejos que llevaron al cierre del Banco Anglo Costarricense constituyen uno de los escándalos financieros más grandes del país. Fueron descubiertos a pocas semanas de haberse iniciado el Gobierno electo en 1994 y presidido por José María Figueres. La Junta Directiva y la administración del Banco de aquel entonces lo colocaron en tal situación financiera que tras estudios técnicos buscando opciones para salvarlo, no hubo más alternativa que tomar la dolorosa decisión de cerrar la institución.

Otorgar sobregiros sin garantía, ignorar recomendaciones del ente regulador, gastos administrativos excesivos, falta de controles internos, negocios internacionales especulativos, crecimiento irresponsable de la planilla en puestos de confianza y asesorías deficientes, fueron algunas de las causas que llevaron a esa institución financiera a tener más de ¢16.000 millones en pérdidas.

Durante el periodo entre 1990 y 1994, la administración y la Junta Directiva del Banco autorizaron más de 70 sobregiros - en su mayoría operaciones sin respaldo - de los cuales no se habían pagado ¢2.948 millones. Además, a través de la subsidiaria del AVC Valores en Panamá, se realizaron operaciones de adquisición de bonos de deuda externa de Venezuela, que le generaron al banco una pérdida de $55 millones.

Por este caso, la Asamblea Legislativa inhabilitó para ocupar cargos públicos en el futuro a 28 personas, entre ellos a 15 ex-funcionarios del Banco Anglo, 7 ex-funcionarios del Banco Central, y a otros cinco ex-directivos del sistema bancario nacional. Además, el Poder Judicial acusó de peculado y dictó prisión preventiva a 12 directivos del Banco Anglo. El gerente general, por su parte, fue acusado por varios delitos de peculado. El gobierno ordenó investigar anomalías.

Transparencia y Confianza

José María Figueres Olsen pone a disposición pública toda la información acerca de los casos Alcatel, Banco Anglo, Incofer y la Reforma a las pensiones del Magisterio.

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A pocos meses de haber iniciado su gobierno, el Presidente Figueres Olsen recibió informaciones sobre negociaciones e inversiones que el Banco Anglo había hecho en títulos valores extranjeros, cuyo valor había bajado en el mercado internacional y que comprometían la situación financiera del Banco. Preocupado por estas informaciones convocó una primer reunión con Elías Soley, Ministro de la Presidencia; Carlos Manuel Castillo, Presidente del Banco Central (BCCR); y a los Asesores del Presidente, Carlos Espinach y Roberto Hidalgo. Ahí se decidió convocar una reunión con los directores de los principales entes reguladores financieros del país, para tomar acciones inmediatas y clarificar la situación.

Se convocaron entonces a Rafael Castro Silva, Directivo del BCCR, Rodrigo Bolaños, Superintendente de la Bolsa Nacional de Valores, Rafael Díaz Arias, Auditor General de Entidades Financieras y Luis F. Vargas, Asesor Legal del Ministro de la Presidencia. En ese encuentro se acordó que era necesario un informe técnico sobre la realidad del Banco Anglo para conocer a profundidad la situación en que se encontraba, el cual sería realizado por Rafael Díaz.

Operaciones y transacciones irregulares; una cartera deteriorada; excesivos gastos generales y de administración; fallas de registro y de control interno; desacato a recomendaciones del ente regulador y la adquisición de títulos de la deuda externa de Venezuela a través de la subsidiaria del Banco en Panamá AVC Valores, (operación que ocasionó una pérdida de $55 millones y que fue recomendada por los hermanos chilenos López Gómez, quienes posteriormente se fugarían del país), fueron algunas de las anomalías encontradas en esta primera investigación que se presentó el 24 de mayo de 1994 ante el Presidente del BCCR.

El viernes 3 de junio de 1994, el Presidente del Banco Central, Carlos Manuel Castillo, después de haber analizado detalladamente los resultados de la investigación con los demás miembros de la Junta Directiva de BCCR, solicitó al Consejo de Gobierno autorización para la intervención total del Banco Anglo Costarricense y así poder revisar las cuentas y operaciones en detalle.

El Consejo de Gobierno aprobó dicha autorización y a partir del 14 de junio, la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF) intervino por primera vez desde 1948, a un banco estatal. Esta autorización implicaba 30 días de intervención, y que se podían extender a 180 días, además de la suspensión y destitución de la Junta Directiva General, del Gerente General y de las Juntas Directivas de las subsidiarias del Banco Anglo: AVC Almacén de Valores Comerciales S.A. y Boltec S.A.

El primer informe de la intervención se presentó el 28 de junio de 1994, el cual determinaba que el déficit de AVC Panamá era aproximadamente 2,1 veces más que el capital del Banco Anglo y si a esto se le sumaba la utilidad objetada de ¢815 millones, el déficit ascendía a 2,9 veces el capital de la entidad. Con el monto de esas pérdidas, se podría haber reducido en un 20% la falta de viviendas que había en el país.

La delicada situación financiera del banco, se dilucidó con más precisión con la presentación del segundo informe el 10 de agosto de 1994. Un 71,75% de los créditos eran operaciones mayores a los ¢5 millones, lo cual hacía la cartera muy inestable y además, casi 200 clientes controlaban el 50% del total de la cartera de crédito, por lo que los movimientos de un solo cliente podrían poner en riesgo la totalidad de esa cartera.

Como respuesta a las impactantes cifras negativas, el 07 de setiembre de 1994, el presidente Figueres nombró una Comisión Especial integrada por Ministro de la Presidencia, Elías Soley; el Ministro de Planificación, Leonardo Garnier; el Presidente del Banco Central, Carlos Manuel Castillo; el Procurador General de la República, Adrián Vargas; y dos diputados Ottón Solís y Francisco Antonio Pacheco, para que evaluaran los informes y la documentación recibida.

Los considerandos del informe de esta comisión, que fue presentando el 14 de setiembre de 1994, fueron determinantes para la toma de decisiones y dejaban claro la magnitud del impacto en las finanzas del país del mal manejo que había tenido la institución:

  •  Si al déficit fiscal proyectado para el año 1994 se agregan las pérdidas ocurridas, se hubiera tenido un déficit que supera al 7,1 % del PIB, o sea, cerca de ¢90 mil millones.
  •  La gestión de la administración del banco le ocasionó pérdidas al banco por más de ¢16.000 millones y lo dejó con un patrimonio negativo superior a los ¢12.000 millones, lo que significaba una quiebra técnica del Banco.
  •  La recapitalización del banco y la absorción de las pérdidas requerirían de montos que podrían superar el 2% del PIB, pues se hablaba de más de ¢25.000 millones en ese sentido.

La recomendación de la comisión fue iniciar una segunda etapa de intervención y administración llevada a cabo por el BCCR, para que se procediera de forma ordenada al cierre de la institución y se enviara oportunamente un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para la disolución y liquidación de la institución.

“Hemos tenido que aceptar que es totalmente imposible que el Banco Anglo pueda capitalizarse por sus propios medios. Es por esa razón que, con mucho dolor e indignación, el Consejo de Gobierno ha decidido enviar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para cerrarlo.” Con estas palabras, el presidente Figueres Olsen se dirigió al pueblo costarricense -por medio de una cadena nacional de televisión y radio- el mismo 14 de setiembre de 1994, día en que se recibe el informe de la Comisión Especial, para anunciar la decisión de cerrar el Banco Anglo Costarricense.

“La magnitud de esas pérdidas es tan grande, que alcanzaría para erradicar todos los tugurios del país, o para construir más de 60 acueductos como el que planeamos construir en Cartago, o para asfaltar completamente los mil kilómetros de carreteras nacionales que se encuentran en mal estado”, aseveraba el mandatario en dicha cadena.

El 19 de setiembre de 1994, el Poder Ejecutivo envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario Nacional en el que detallaba el cierre del Banco Anglo, el fortalecimiento de la banca estatal, el ejercicio de una mayor supervisión a las entidades financieras y la creación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). También se permitió con la ley que el Banco Popular funcionara como banco comercial.

La Asamblea Legislativa creó una Comisión Especial para investigar las anomalías dadas en el Banco Anglo. La comisión estuvo integrada por los diputados Gerardo Trejos Salas, Bernal Aragón Barquero, José A. Lobo Solera, Gonzalo Fajardo Salas, Francisco Antonio Pacheco, Ottón Solís y Luis Gerardo Villanueva.

Después de las correspondientes labores de investigación y la presentación de los respectivos informes, la Asamblea Legislativa aprobó el 28 de julio de 1997, el informe elaborado por la fracción liberacionista de la Comisión que investigó al Banco Anglo y que concluyó que efectivamente, la política de créditos y sobregiros en cuenta corriente en el Banco Anglo Costarricense fue irregular, abusiva y arriesgada. Entre las recomendaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa figuraron la destitución de directores y la inhabilitación a 28 personas para ocupar cargos públicos, entre otras medidas.

Por su parte, el Ministerio Público anunció el 18 de setiembre de 1994, que estudiaba presentar una acusación por las casos derivados de la investigación del Banco Anglo. Para setiembre de 1997, un juez dictó prisión contra 12 banqueros que dirigían el Banco Anglo, mientras que en octubre de ese mismo año, los jueces del Tribunal de Juicio de San José condenaron al ex-gerente y a 6 ex-directores a 4 años de prisión por peculado y por compra de aparatos electrónicos.

El 22 de diciembre de 1997, el Juzgado IV de Instrucción elevó a juicio la causa principal del Banco Anglo. En octubre de 1999, inició el juicio penal de la causa principal del caso del Banco Anglo y finalizó en diciembre del año 2000 tras 437 sesiones. Se le dio lectura a la sentencia el 18 de junio del año 2000, donde el tribunal condenó al ex-gerente por 9 delitos de peculado en la modalidad de delito continuado, relacionados con el pago de sobreprecios por $2,28 millones en la adquisición de bonos de deuda externa.

Además, el 19 de junio del 2001, los jueces del Tribunal de Juicio de San José condenaron al ex-gerente y a seis directores de la entidad por siete delitos de peculado relacionados con la compra, por parte del banco, de un grupo de empresas y la adquisición de bonos de deuda externa extranjera. Las penas fueron de los 6 a los 24 años en lo que se conoció como la causa principal de lo que llevó a la quiebra al Banco Anglo Costarricense.